«Todo lo que deberías saber de la EMSF (Empresa Mixta de Servicios Funerarios) de Madrid». Así se titula el libro, de 80 páginas y en papel de gran calidad, que ha publicado Juan Antonio Valdivia, consejero gerente de la EMSF. El libro, editado por su cuenta, contradice todo lo que en los últimos meses ha dicho el Ayuntamiento sobre la situación de la funeraria, privatizada a principios de los noventa por 100 pesetas en un procedimiento en el que acabó condenado un concejal del PP de la época. «El famoso titular de ‘la venta de la funeraria por 100 pesetas’ fue un invento», es el primer capítulo, que apunta por dónde va la tesis argumental de la publicación.
Todo el libro glosa que cuando Funespaña entró en la funeraria de Madrid, esta estaba quebrada por la gestión socialista en los años ochenta –debía 83 millones de euros– y fue la gestión de Valdivia la que la sacó «de la situación de quiebra técnica en que se encontraba». Según este, el Ayuntamiento ha recibido 42,173 millones en dividendos desde 1993, mientras que el socio privado, 25,87 millones. Además, repasa con un alarde de fotografías la mejora en los cementerios de Madrid, cuando el equipo de Carmena sostiene que hay un déficit de inversiones de 23,8 millones.
Fuentes de Funespaña señalan que el libro lo ha pagado Valdivia, aunque con el uso del logotipo en la portada y contraportada parece una publicación oficial de la EMSF. El equipo financiero de Funespaña ha colaborado en la elaboración, en la que abundan fotografías institucionales. El resultado es chocante: los directivos de una empresa mixta editan un libro para replicar los argumentos del socio público de esa empresa.
Valdivia funciona por libre. Lleva en la gestión desde principios de los noventa y aunque representa a Mapfre (dueña de casi el 100% de Funespaña), la compañía de seguros apenas se mete en su gestión y le ha dejado hasta septiembre. Está imputado por comprarse sus propios féretros, aunque el procedimiento está empantanado en los juzgados de Plaza de Castilla.
El Ayuntamiento replicó a través de una portavoz que «el consistorio no considera en absoluto apropiada la utilización de la imagen institucional en la publicación de textos que contradicen una sentencia», en alusión a la inhabilitación a un concejal por la privatización. «La mencionada publicación no aporta nada al bien común, sino que parece más bien publicidad engañosa», añade la portavoz, y señala que la detectaron hace un tiempo y que le exigieron a Valdivia «su retirada inmediata».
El consistorio ha exigido la retirada del libro, que por los logotipos parece una publicación oficial
Valdivia se revuelve así contra el concejal de Economía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que ha cargado duramente contra el proceso de privatización. Sánchez Mato ha desvelado los enormes beneficios que este proceso ha supuesto para el socio privado. Según la información revelada por el consistorio, tras la privatización por 100 pesetas (0,6 euros), Funespaña «invirtió 1,2 millones de euros en una ampliación de capital y a cambio ha obtenido 64,6 millones».
Según el Ayuntamiento, el acuerdo con Funespaña, de 1993, establecía que el socio privado Funespaña se quedaba con el 20% de los beneficios antes de impuestos sin tener obligación de gastos o inversiones. Ese porcentaje era aparte de los sueldos de los directivos de la empresa mixta, designados por Funespaña. «La remuneración consistente en el 20% del beneficio» por «la mera dirección estratégica» es semejante a «un dividendo mínimo obligatorio, exclusiva y preferentemente atribuible al socio privado», según el equipo de Ahora Madrid.
La sociedad se dedicó durante años a repartir dividendos mientras dejaba los cementerios en mal estado, según el equipo municipal. La situación ha cambiado en los últimos años con la crisis, cuando el Ayuntamiento cortó con el reparto de dividendos. El resultado es que la EMSF tiene en caja unas reservas voluntarias de 47,43 millones de euros. Mapfre exige que se repartan entre los dos socios antes de que la empresa vuelva a manos del Ayuntamiento, pero el equipo de Carmena se ha negado.
El pasado 29 de abril, en una junta extraordinaria de accionistas, Funespaña propuso el «reparto de un dividendo extraordinario» de esa cantidad. Según el acta de la junta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ese reparto sería «contrario a derecho». Los estatutos de la sociedad contemplan que una vez que se extinga, revertirá al Ayuntamiento el activo y el pasivo. «Existe una obligación legal de revertir los activos al Ayuntamiento», según el documento que repartió el concejal José Javier Barbero. La junta rechazó la propuesta de Funespaña gracias al 51% de las acciones del consistorio.
Funespaña entregó otro informe según el cual «la propuesta de reparto de dividendos planteada por Funespaña es el único modo de dar cumplimiento a su derecho legal, como socio privado, a participar en los beneficios sociales. La negativa a la propuesta de reparto de dividendos supondría un ejercicio abusivo del derecho del socio mayoritario en perjuicio de Funespaña». La disputa por el reparto de esos fondos acabará previsiblemente en los tribunales. Y mientras, quizá se dirima en las librerías.
(Fuente El Confidencial)
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